Después de la Revolución Mexicana, el presidente Plutarco Elías Calles impulsó una política anticlerical con el objetivo de consolidar un Estado laico, moderno y centralizado en México. Dentro de su proyecto político, consideraba que la Iglesia Católica representaba un obstáculo ideológico, debido a su fuerte influencia social, política y económica sobre amplios sectores de la población.

Para Calles, la Iglesia también constituía un poder rival que podía desafiar la autoridad del gobierno. Además, veía con preocupación la lealtad de muchos católicos hacia el Papa, líder del Vaticano, lo que interpretaba como un posible riesgo para la soberanía nacional.

En 1926, el gobierno promulgó la Ley Calles, una legislación que reforzaba los artículos anticlericales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Esta ley impuso fuertes restricciones a las actividades religiosas: limitó el número de sacerdotes, prohibió el culto público fuera de los templos, expulsó a clérigos extranjeros, cerró escuelas religiosas y permitió la confiscación de propiedades de la Iglesia. Como resultado, numerosos templos fueron cerrados y aumentó la tensión entre el gobierno y los sectores católicos del país.

Estas medidas generaron una fuerte reacción entre grupos de creyentes, quienes consideraron que su libertad religiosa estaba siendo vulnerada. La tensión creció rápidamente hasta convertirse en un conflicto armado conocido como la Guerra Cristera. Durante este enfrentamiento, miles de católicos se levantaron en armas contra el gobierno bajo el lema “¡Viva Cristo Rey!”.

La Guerra Cristera se convirtió en uno de los episodios más violentos y complejos de la historia posrevolucionaria de México. Este conflicto reflejó el choque entre el proyecto de un Estado laico impulsado por el gobierno y la profunda tradición religiosa presente en amplios sectores de la sociedad mexicana.